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El suicido de Sandra Peña por culpa del bullying ha hecho replantear todos los escenarios sobre el acoso escolar y sus vías de actuación

Los protocolos de actuación en casos de acoso escolar están presentes, por ley, en todos los centros educativos de España. Sin embargo, su estructura varía en función de la comunidad autónoma y su aplicación se sigue percibiendo como insuficiente. Esto nos hace plantearnos la siguiente cuestión: ¿están los colegios lo suficientemente preparados para actuar en casos de acoso?

Un protocolo de prevención contra el acoso requiere de una serie de pasos clave para su detección y erradicación. Según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), un protocolo eficaz debe garantizar una respuesta rápida que evite daños mayores en la víctima, confidencial para salvaguardar su intimidad y fortalecedora para que brinde apoyo emocional. En base a esto, se establecen cinco fases esenciales:

1. Detección o recepción de la alerta: los profesionales del centro deben estar alerta para detectar conductas que apunten al acoso, pero, de igual manera, el aviso puede proceder de la víctima o su familia.
2. Investigación: Una vez detectado el caso, es necesario profundizar en las causas para determinar si se trata verdaderamente de acoso. Será conveniente realizar entrevistas independientes a los actores de la situación, como son la víctima, los agresores o posibles testigos.
3. Activación del protocolo establecido legalmente: En el momento en el que se confirma el caso de acoso, hay que poner en marcha y de inmediato el protocolo establecido, aplicando las medidas de protección con el fin de asegurar al afectado. En estos casos, lo más efectivo es la expulsión del centro de los agresores.
4. Intervenciones personalizadas: Es obligado brindar todas las ayudas posibles a la víctima, como apoyo psicológico o medidas de seguridad personales y físicas. Por la parte de los agresores, se actuará de la misma manera, estableciendo una hoja de ruta a través de la cual se le invite a recapacitar y rectificar, proponiendo sanciones.
5. Seguimiento y conclusión: Una vez aplicados todos los pasos, será conveniente analizar la situación para esclarecer el caso y comprobar que la conducta no ha vuelto a producirse, de tal modo que se pueda dar el caso por cerrado.

Es necesario actuar desde el primer indicio porque, según aseguran psicólogos expertos, la inacción puede provocar la normalización de la conducta y agravar las consecuencias.

Además, las guías oficiales subrayan que cualquier miembro de la comunidad educativa es responsable desde el momento en que es testigo y puede activar el protocolo. Es el equipo directivo el que tiene la obligación de investigar y poner el caso en conocimiento de la autoridad competente, que estos casos es la Fiscalía de Menores.

Por otra parte, hay que hacer hincapié en que el mejor remedio para prevenir estos casos es la educación previa. La formación de los menores en torno a unos valores que fomenten el respeto, la empatía y la educación en todos los ámbitos favorecerá la creación de una comunidad sana y segura. A pesar de que existe la normativa, muchos profesionales denuncian la falta de psicólogos y orientadores en los centros educativos, que son una herramienta imprescindible en esta labor.

De igual manera, no hay que olvidar que el acoso no encuentra sus límites en las paredes de un aula o en los muros de un colegio. El acoso trasciende de límites físicos y ya se puede dar incluso fuera del horario escolar. Mensajes ofensivos o la difusión de imágenes sin consentimiento a través de la red pueden prolongar el sufrimiento de la víctima aun estando fuera del horario lectivo. Por ello, los protocolos actualizados deben incluir medidas en las que se contemplen las posibilidades de ciberacoso, lo que requiere una coordinación fluida entre escuelas, familias y plataformas.